Si nos detenemos con un breve análisis sobre los factores comunes que afectan a todas las personas en riesgo de exclusión social, (independientemente de su edad, procedencia, estado de salud o nacionalidad), se ven unidos por un lamentable nexo: el de la precariedad en los recursos económicos a los que pueden acceder. Afirmar esto equivale a decir que estamos ante un proceso de exclusión, hecho lo suficientemente grave como para merecer nuestra atención. Estar insertado implica pertenecer a un orden social que ha establecido unos parámetros de los que muchos se escapan; quedarse fuera, ser apartado, es demasiado fácil en nuestra sociedad. Es decir, nos encontramos ante un hecho que evidencia la desigualdad y la falta de justicia en las estructuras que nos gobiernan y a las que debemos de circunscribirnos.
Es una muestra clara de que muchos quedan, (por una enorme variedad de factores) situados en desigualdad de condiciones por no cumplir los preceptos esenciales para ser considerados como personas aptas para vivir o pertenecer a la Sociedad, según la normativa decidida por quien o quienes la determinan como “apropiada”. Una vez que la persona ha sido situada en situación de precariedad, es muy difícil que por sí sola, vuelva a formar parte de una comunidad. La mayoría de ayudas y recursos han quedado fuera de su alcance, y se hace necesario demasiadas veces, un apoyo fuera del ámbito institucional. Es aquí donde Cáritas Diocesana interviene: ponemos en marcha mecanismos de sensibilización y recursos concretos con los que habilitar un proceso de reinserción que pase, ineludiblemente, por el acceso a un puesto de trabajo. Para ello, debemos implicar a toda la sociedad civil, dando prioridad al sector empresarial, con el que es necesario contar para este largo y gratificante ciclo de reintegración y vida.
